"Este acuerdo es un gran logro para inmigrantes en todo el país. Los agentes de inmigración ya no tienen rienda suelta para invadir sus hogares y cometer abusos sin temer consecuencias disciplinarias,” dijo Juan Cartagena, Presidente de la Organización Latino Justice PRLDEF,  la cual, junto con el Centro de Derechos Constitucionales y la firma de abogados Winston & Strawn, represento a los demandantes.  "El mensaje de hoy es fuerte y claro: Los agentes de ICE no están por encima de la ley."

 

Las prácticas de redadas sin orden judicial en casas de inmigrantes usualmente implicaban a una docena de agentes de ICE armados. Estos  rodeaban la casa en la madrugada, golpeaban puertas, alumbraban con linternas a través de las ventanas y exigían o forzaban su entrada.  Una vez se abría una puerta, los agentes entraban sin consentimiento al domicilio, incluyendo a habitaciones privadas, y ordenaban o arrastraban a sus habitantes a las áreas comunes – a menudo los residentes estaban tan solo con ropa de dormir. Los agentes afirmaron que este tipo de prácticas constituían “consentimiento para entrar.” 

 

Ghita Schwarz, abogada con el Centro de Derechos Constitucionales, dijo: "el hecho que hayan Latinos durmiendo en una casa no justifica que los agentes de ICE puedan entrar a la fuerza y aterrorizar sus familias a punta de pistola. Nuestros clientes han tenido mucho valor y han demostrado que los agentes de ICE están sujetos a las mismas restricciones constitucionales que cualquier otro oficial de la ley: Necesitan órdenes judiciales o consentimiento válido para entrar en una casa."

 

Aldo Badini, un abogado y socio de la firma Winston & Strawn, la cual tuvo un equipo legal dedicado al caso gratuitamente durante los meses antes de que se solucionara, dijo: "este acuerdo legal es histórico ya que impone cambios en las regulaciones y procedimientos que aplican a los agentes de ICE en todo el país. Las regulaciones y prácticas de ICE violaban la Constitución y con este acuerdo se demuestra que la agencia no está por encima de la ley". 

 

Los cambios en las regulaciones y procedimientos requieren que  los agentes de ICE obtengan permiso para entrar e investigar una residencia en el idioma nativo de los residentes siempre que sea posible. Los equipos de redadas también deben haber agentes hispanoparlantes disponibles para solicitar consentimiento de entrada cuando los residentes son de un país hispano. Adicionalmente, los agentes deben solicitar consentimiento para entrar a las áreas exteriores de las residencias donde hay una expectativa razonable de privacidad, como un patio trasero; y no realizar ningún tipo de inspección preventiva en las casas sin tener una sospecha articulada de que están en peligro.

 

Los demandantes en este caso, Adriana Aguilar et al. v. ICE, son 22 Neoyorquinos, incluyendo mujeres, hombres y niños -- ciudadanos, residentes permanentes legales y otros -- quienes en los años 2006 y 2007 despertaron en la madrugada a gritos de agentes de ICE golpeando sus puertas y exigiendo entrar a la residencia.

 

Adriana León (Aguilar) dijo: "Mi familia nunca olvidará esa noche.  Mi hijo, que tenía cuatro años, lloraba por el miedo a esos hombres tan grandes y armados en su casa y a las cuatro de la mañana. Les pedimos una y otra vez a ver una orden de allanamiento o cualquier otra autorización que tenían para estar dentro de nuestra casa. Simplemente nos ignoraron."

 

Beatriz Velásquez, edaddiecisiete años, tenía doce años cuando agentes rodearon su casa en Long Island en septiembre de 2007, golpearon las puertas y ventanas,  y entraron después de decirle falsamente que "alguien se estaba muriendo arriba." Ella dijo, "ese fue el día más espantoso de mi vida.  Mi hermana pequeña  y yo estábamos aterrorizadas. Ellos no le explicaban a mi madre lo que estaba sucediendo e invadieron la casa como un ejército." ICE allanó la casa aunque la persona que supuestamente buscaban había sido deportada dos años antes.

 

A resultado de estos incidentes el Departamento de Policía del Condado Nassau dejo de participar en las redadas y denunció públicamente a ICE por el uso de discriminación racial y la evidente violación de la cuarta enmienda.

 

La demanda demostró que ICE no investigo lo suficiente para determinar si las personas que buscaban residían actualmente en las casas. En un caso, agentes invadiendo la casa de una familia de ciudadanos latinos en dos ocasiones distintas, buscando un hombre desconocido para los residentes, según los abogados.

 

"Cuando yo abrí la puerta a causa de los golpes que daban, me empujaron y caí contra las escaleras. Mis hermanos y yo seguíamos pidiendo hablar con nuestra madre que estaba arriba, y se negaron," dijo Christopher Jiménez, quien tenía 17 años cuando agentes de ICE invadieron  su casa por segunda vez en 13 meses. "Lo peor fue que ya habían hecho lo mismo hace un año, y nosotros les dijimos que no conocíamos al hombre que buscaban.  A ellos no les importo."

 

En el 2006, funcionarios de ICE en Washington crearon una programa llamado "Operación Devolver al Remitente," bajo el cual equipos de agentes tenían que aumentar su cuota de arrestos de supuestos fugitivos extranjeros con órdenes de deportación pendientes, 800 por ciento en el transcurso de un año. Para poder lograr esta cuota se le permitió a los agentes que incluyeran en su cuenta "colaterales" — otros extranjeros que ICE pudiese encontrar durante las redadas.  Según activistas y abogados, el aumento de invasiones sin orden judicial a las casas de inmigrantes se originó a consecuencia de este programa.